Nuestros objetivos son:

1. Conseguir la reforma legislativa que acabe con la okupación.

2. Conseguir la reparación de los daños causados por la okupación.

3. Asesorar y dar apoyo a los afectados por la okupación.

4. Enfrentar el discurso okupa.

Los afectados por la okupación ya no están solos.

Vamos a mover todos los mecanismos del Estado de Derecho para que se reconozcan los derechos de los afectados y se reparen los daños que la okupación está causando.

Debemos cambiar las leyes para acabar con la okupación, sin duda. Pero también debemos exigir responsabilidades a todos aquellos, personas e instituciones, que en este tema están actuando con desprecio hacia el Estado de Derecho, con grave dejación de funciones, incitando al delito o prevaricando en sus cargos.

La Administración puede y debe actuar contra la okupación.

Cuando les interesa, resuelven el problema de inmediato. Pero cuando son ciudadanos los afectados, los dejan en el abandono. Existen excepciones, desde la AEKO vamos a trabajar para convertirlas en normalidad.

El surgimiento de mafias okupas dedicadas a la extorsión de los propietarios de viviendas.

La okupación genera daños. 

La okupación genera daños materiales en las viviendas okupadas. La pérdida de valor en los inmuebles, muchas veces, es superior al 40%. Se produce la imposibilidad real de ejercer el derecho de uso de la propiedad, pese a pagar impuestos que la gravan como si no se hubiera limitado ese derecho. Los daños morales y psicológicos, muchas veces derivados del acoso, amenazas o vandalismo de los okupas, están provocando estados de depresión y estrés, con graves secuelas en muchos casos.

Todos estos daños deben ser reparados. La Administración es responsable desde el momento en el que se inhibe de sus responsabilidades, dejando en el abandono a ciudadanos que ven vulnerados sus derechos. Es más, han llegado a negar la existencia de los afectados, mostrando el absoluto desprecio a las víctimas de la okupación.